martes, 4 de febrero de 2014

UGT-INFORMA = PRÁCTICAS ABUSIVAS DE LA DIRECCIÓN

PRÁCTICAS UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA CON FINES SANCIONADORES: ¿CUESTIONABLES O ILEGALES? 

En una época de recorte de las libertades y los derechos personales y colectivos, de utilización de las nuevas tecnologías para espiar a enemigos y amigos, así como de metodologías cuanto menos cuestionables para incriminar a desafectos al sistema, parece ser que la dirección de la empresa se contagia y confluye en parecidos usos y abusos con fines sancionadores y aleccionadores.
Desde siempre hemos entendido en la sección sindical de UGT-BSM con respecto a los cada vez más sofisticados sistemas de video-vigilancia que la colocación de cámaras en las instalaciones de la empresa, de manera profusa y estratégica en los aparcamientos, debería tener como objetivo dos fines básicos: primero la protección de la integridad física de los trabajadores y las trabajadoras y en segundo lugar la salvaguardia de los bienes de la empresa. Entre los muchos ejemplos de uso prohibido del sistema destaca el de facilitar el acceso a imágenes a los clientes que acuden al centro de control de un aparcamiento para solicitar la visualización de grabaciones de video porque tienen la certeza de que su vehículo ha sufrido daños producidos por terceros y las imágenes les podrían proporcionar la matrícula del vehículo autor. El trabajador de servicio informa a los reclamantes de que esa opción está expresamente prohibida, “por la ley de protección de datos”, “por el derecho a la intimidad de las personas”  y por toda una serie de derechos y disposiciones legales que solo pueden ser sorteados mediante mandamiento judicial. Pues bien, esos derechos, tan prodigados para clientes y usuarios, parece ser que no incluyen a los trabajadores y las trabajadoras de la empresa, y que la dirección de BSM, a través de la cadena de mando, puede visualizar las imágenes de sus empleados cuantas veces considere oportuno para detectar cualquier acontecimiento o detalle que considere irregular con fines sancionadores. De manera reiterada hemos manifestado a la dirección de la empresa que son los jueces quienes tienen que autorizar y validar las video-imágenes como prueba inculpatoria y la dirección sigue sin entenderlo así.
El otro tema de proceder ético dudoso y tal vez vulnerador de derechos fundamentales (y por lo tanto punible judicialmente), es la cada vez más extendida costumbre por parte de la dirección de determinados departamentos, con la bendición de la dirección de la empresa, de ante cualquier problema o conflicto citar al/los trabajadores afectados o testigos, y bajo influencia previa voluntaria o involuntaria (esto incluye la mención de posible aplicación del régimen sancionador), dejarlos solos en un cuarto para que escriban de su puño y letra la versión del trabajador de lo acontecido en una hoja de papel que se queda la dirección del departamento. Esto naturalmente sin la presencia de ningún delegado sindical (“no lo piden”, aducen y se quedan tan tranquilos). El resultado final es que en múltiples ocasiones los delegados se han encontrado con que esos escritos forman parte de expedientes sancionadores y les sirven a la dirección de la empresa para reforzar sus cargos, con coletillas manifestadas del estilo “el trabajador reconoce los hechos” o “tenemos el testimonio escrito de un testigo”, quedando mermada como es evidente la propia capacidad de los afectados a la hora de realizar alegaciones.
Ante la persistencia de estos procederes, recordamos a los trabajadores su derecho a contar con la presencia de un delegado sindical cuando son convocados por la dirección de la empresa y saben o intuyen que la finalidad es que puedan ser amonestados o sancionados; asimismo se deben negar con rotundidad a proporcionar verbalmente, y mucho menos por escrito, cualquier dato que pueda ser utilizado por la empresa en su contra o en contra de otros compañeros. Cuando concurran algunas de las circunstancias descritas en la tramitación de expedientes disciplinarios y esta sección sindical lleve la defensa de los trabajadores afectados por los mismos, pondrá en manos de sus servicios jurídicos el caso para que estudie la viabilidad de entablar denuncia contra la dirección de la empresa por vulneración de derechos. 
 
Sección Sindical de UGT-BSM